Esta semana pasará a la historia de Colombia. Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente condenado en este país, después de haber sido encontrado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La sentencia que deberá cumplir Vélez es de 12 años de prisión domiciliaria, además, fue multado con $3.444 millones y le impusieron una inhabilidad de ocho años para ejercer funciones públicas.

La decisión de la jueza 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, tuvo afirmaciones fuertes, como que el antioqueño de 73 años fue el “cerebro” de un entramado criminal compuesto por abogados que iban a cárceles para obtener testimonios en contra de adversarios políticos, como el caso de Iván Cepeda Castro.

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Frente a esta decisión, Álvaro Uribe presentó una apelación el mismo viernes, ejerciendo su defensa material. No dudó en decir, en múltiples oportunidades, que era un fallo meramente político.

"Ha faltado investigación y es una de las razones en la que ha primado la política sobre el derecho (...) Aquí hubo sesgo y lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional".

El líder del Centro Democrático achacó el comportamiento del abogado Diego Cadena como una actitud ajena a él, puesto que "nunca se pidió mentir o callar".

Negó haber destinado un monto económico para pagar testigos y que cuando tuvo conocimiento de los ofrecimientos de Cadena, este ya no le prestaba sus servicios.

Uribe manifestó durante su argumentación que "no fui respetado" por la jueza durante el proceso y se quejó de una frase de la operadora de justicia que puso en duda la gallardía de sus hijos, por supuestamente revelar su sentencia antes de tiempo.

"Se ha tratado a mis hijos de faltos de gallardía. Mis hijos no han tenido un solo comentario irrespetuoso contra la señora jueza, ni mi esposa ni yo tampoco (...) Este es un proceso lleno de filtraciones. A ellos les llega la noticia, por supuesto que se preocupan", dijo.

Origen del caso

El largo proceso de Álvaro Uribe inició en 2012, cuando el expresidente denunció a Iván Cepeda Castro por supuesta manipulación de testigos.

Señaló que el congresista, que iba a denunciar a Uribe por nexos con el paramilitarismo, se había reunido con exjefes de las AUC para conseguir testimonios en su contra.

Puntualmente se hablaba de un encuentro con Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro de las AUC.

Sin embargo, sucedió lo impensado. La Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Cepeda Castro y abrió una contra Uribe Vélez en 2018.

En 2019 lo citó a indagatoria y en 2020, luego de que la Corte ordenara su detención domiciliaria preventiva, Uribe renunció a su escaño de senador para dejar de ser aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Esto a pesar de que Diego Cadena, abogado de Uribe, estaba siendo procesado por este mismo hecho, al igual que el exsenador Álvaro Hernán Prada, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De Cadena se conocieron videos y reuniones en las que supuestamente solicitaba que exparamilitares declararan en contra de Cepeda.

Igualmente, se informó de unas interceptaciones del exmandatario en donde hablaba con Cadena de supuestos testigos y de unos artículos periodísticos que podrían afectarlos. 

Pero la Fiscalía de Francisco Barbosa reiteró su intención de precluir el caso en dos oportunidades, lo que fue negado en ambas ocasiones por jueces de la república.

El escrito de acusación fue radicado el 9 de abril del año pasado y la primera audiencia tuvo lugar el 17 de mayo, bajo la tutela de la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

Fueron 67 días de juicio oral, los cuales concluyeron el pasado 8 de julio. 20 días después, la jueza Heredia encontró culpable al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, mientras que lo absolvió de soborno simple.

Mientras leía el sentido del fallo, la operadora de justicia dio a conocer que había aceptado como pruebas las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales.

Además, enfatizó en la responsabilidad del antioqueño de 73 años como determinador de los crímenes.

"No cabe duda de que los comportamientos fueron cometidos por varios abogados particulares privados de la libertad, que se unieron al designio criminal contribuyendo activamente con actos concretos que facilitaron la ejecución de los delitos punibles", leyó la jueza.

Heredia también lo señaló como "cerebro del plan criminal" y que los abogados que participaron en este delito estaban motivados "no solo por el miedo, sino por una lealtad devocional".

La operadora de justicia aseguró que el expresidente solo tuvo que darle a Cadena un "marco" para que operara. Y afirmó que optó por Cadena por su capacidad para ir a la cárcel, algo que sus abogados de cabecera, Jaime Lombana y Jaime Granados, no tenían.

La polémica por el fallo

La decisión de haber condenado a Uribe causó un sismo en el país, principalmente porque quienes siguen a Uribe dejaron saber su rechazo a la decisión.

Por ejemplo, el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, habló de denunciar a la jueza por prevaricato.

Pero las palabras que más han resonado llegaron desde Estados Unidos, no solo por parte de senadores como Mario Diaz-Balart y María Elvira Salazar, sino del propio secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio.

Afirmó en su cuenta de X que "el único 'delito' del expresidente Uribe fue luchar incansablemente y defender su patria".

"La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Esto fue considerado por el Presidente Gustavo Petro como una "intromisión en asuntos judiciales de otro país" y a "la soberanía nacional".

Lo que se viene

Al conocerse la condena, la defensa técnica de Álvaro Uribe presentará la apelación el 13 de agosto. Asimismo, la Procuraduría en los próximos cinco días hábiles también radicará su apelación contra la sentencia contra el reconocido político.

La jueza Heredia indicó que mientras se resuelven estas apelaciones, el exmandatario deberá cumplir su condena, alegando que es una medida para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos.

Además, indicó que por "su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta".

El expresidente deberá cumplir la condena en su domicilio.

El Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para emitir un pronunciamiento. En caso de no hacerlo, prescribirá el caso.